Comúnmente pensamos que la potencia de Colombia se circunscribe a un puñado de urbes, y que el resto del territorio, con unas decenas de ciudades intermedias, intenta sobrevivir lejos de la modernidad. Pero no. Somos un país de vocación rural. Esto lo podemos constatar en el reciente informe temático que adelantó el Departamento Nacional de Planeación (DNP)[1], en donde definió las categorías de ruralidad para nuestros 1122 municipios. La realidad es contundente. 691 que ocupan el 84% del territorio se categorizan entre rurales y rurales dispersos, mientras que 117 que solo corresponden al 6,4% son consideradas como ciudades y aglomeraciones (incluyendo sus zonas rurales).
Ahora, con esta antesala resulta fundamental preguntarnos, ¿el punto 1 de los acuerdos de La Habana es la claudicación del Estado que negoció la política agraria con los verdugos de las FARC, como lo afirman los promotores del NO al plebiscito?, o ¿es en realidad la visibilización de políticas agrarias fallidas durante el último siglo, donde el campo ha estado en una continua pauperización, y a merced de grupos ilegales y poderes legales abusivos?
Lejos de nuestras fronteras, países en transición como los de la antigua cortina de hierro, ex colonias africanas y asiáticas, gozan igualmente de una amplia vocación rural. El desconocimiento de sus territorios sumado a la informalidad en la tenencia fue lo predominante al inicio de sus períodos de transición. Al respecto, organismos multilaterales y numerosos investigadores de países desarrollados y de los mismos afectados, concordaron que la implementación de un catastro multipropósito y la formalización de la propiedad debían convertirse en los pilares de la organización de sus sectores rurales, de tal forma, que las bases de la reconstrucción tuvieran un norte claro y se convirtieran en una oportunidad para sus comunidades y el crecimiento de la economía.
Regresando a nuestro continente, Colombia ha padecido un conflicto armado de baja intensidad y larga duración. Esto ha hecho que no nos hayamos caracterizado por vivir específicos periodos de transición, que son donde regularmente observamos notorias sinergias a favor de la reconstrucción de un país. En consecuencia, los esfuerzos por recuperar el campo siempre se han diluido o, cuando menos, aplazado. El Estado ha crecido de espaldas al sector rural y solo ha mantenido intereses puntuales en las economías extractivas, adicionado a un dejar hacer a los poderes políticos y económicos que ha facilitado la repartición silenciosa de las riquezas del campo. Por fortuna aún no las han acabado. Ventajas perversas de ser un país extenso.
En este punto del análisis debemos sentirnos con más certezas. Tenemos una vocación rural y estamos próximos a vivir la reintegración del grupo insurgente de las FARC, por lo cual, ahora sí, nos llega como sociedad la oportunidad de un periodo de transición de al menos 10 años. Pero profundicemos sobre nuestros interrogantes. Revisemos las particularidades del punto uno (1) del acuerdo de paz con este grupo, denominado reforma rural integrada. Este, a diferencia de los restantes puntos de la negociación, no repercute de manera exclusiva sobre los integrantes de las FARC, y tiene un alcance estructural y amplio que cobija el ordenamiento rural, la preservación de los recursos naturales y la disminución de las brechas entre el campesinado y los citadinos. Por el contrario, los puntos restantes como la reinserción a la vida civil, la dejación de las armas, la participación en política, la sustitución de cultivos ilícitos y la reparación a las víctimas, eran parte del ropaje del grupo insurgente, debido a que sus resultados recaían directamente en el futuro de los mandos y las bases.
Al respecto, las críticas de la oposición a este punto se han concentrado en dos supuestas perversiones, que en sus mensajes denominan como, “expropiaciones masivas a gente de bien para entregar 3 millones de hectáreas a las FARC”, y “desconfianza de lo pactado por haber sido negociado con unos criminales”. Los congresistas Fernando Araújo, María del Rosario Guerra y María Fernanda Cabal, han cumplido la misiva del senador Álvaro Uribe replicando por todos los canales estas generalidades que carecen de fundamentos.
Para comprobarlo, ahondemos en los principales detalles del punto agrario en relación con estas afirmaciones. El Fondo de Tierras se constituye con el propósito de lograr la democratización de su acceso. Para esto, indica el texto, contará con 3 millones de hectáreas que provendrán de seis (6) mecanismos específicos, todos vigentes en el marco jurídico colombiano, como la expropiación por el incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad (Art. 58 Constitución Política, desarrollado en la ley 160 de 1994) y por la acumulación ilegal de tierras. Inclusive, uno de los mecanismos, correspondiente a la actualización de los límites de las zonas de reserva forestal mediante la sustracción de tierras, en la práctica, resultará siendo un proceso de titulación a los campesinos que por décadas hicieron una ocupación de subsistencia de estas zonas.
El resto de medidas consignadas en este punto, más que la negociación de la política agraria con un grupo insurgente, termina siendo la inclusión, de nuevo, de medidas que requiere el país si quiere alcanzar la competitividad de una forma sostenible, sin que medien mecanismos de violencia y de expoliación del patrimonio de todos los colombianos. Entre estas se encuentran la implementación de un programa masivo de formalización, la puesta en marcha de un catastro multipropósito que soporte con certeza el ordenamiento del territorio, la ratificación de la política de restitución de tierras (que ya cuenta con fallos judiciales en contra de las FARC), los programas de desarrollo con enfoque territorial (reconoce el centralismo como uno de los grandes lastres del campo) y la provisión de bienes públicos como vías terciarias, energía eléctrica, programas de riego y formalización laboral. En resumen, el verdadero riesgo de este punto, es que nuevamente se le incumpla a la sociedad ¿Le conviene acaso a los contradictores de los acuerdos que prevalezca la inseguridad jurídica en el campo, que siga siendo un territorio vetado para el Estado, y a disposición solo de los poderosos? Quisiéramos pensar que no.
Los programas planteados en el punto agrario del acuerdo de paz con las FARC, son en realidad políticas aplazadas por décadas que deben ponerse en marcha al margen de esta negociación. Sin embargo, como la historia ha demostrado que este tipo de iniciativas chocaron con fuerzas que velaron por simplificar las medidas dirigidas a los sectores rurales, tenemos en la aprobación popular de los acuerdos en el plebiscito una nueva oportunidad de gobernar de cara al campo.